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Legislaciones nacionales no están en línea con los acuerdos migratorios del Mercosur

Paulo Illes es coordinador del CEDIC, el Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante, y participará en la Cumbre Social del Mercosur, en Brasília, del 4 al 6 de diciembre.

¿En lo que se refiere a la migración, cuál es la situación actual en el Mercosur?

El acuerdo de libre circulación y residencia para los nacionales de los Estados partes del Mercosur cumple 10 años en 2012. Este acuerdo reconoce los derechos igualitarios en las esferas civil y laboral para todos los ciudadanos de los países miembros. Un brasileño que va a Uruguay puede tener inmediatamente un documento temporal por dos años, que después puede convertirse en permanente. El acuerdo sirve para los miembros plenos del Mercosur y los países asociados que quieran ratificarlo. Actualmente, está vigente también para Bolivia, Perú y Chile, y en proceso de implementación en Colombia y Ecuador. Con Venezuela este acuerdo no está implementado todavía, porque su entrada en el bloque es muy reciente. Pero vivimos un momento de garantía de la ley de residencia para casi todos los Estados partes de la Unasur.

¿Cuáles son los principales desafíos que afrontan los migrantes del bloque?

La residencia provisoria garantiza a la persona el derecho de sacar un permiso de trabajo o abrir una empresa. El problema viene en la segunda etapa, después de dos años, debido a la excesiva burocracia para renovar este permiso. Es necesario un comprobante de subsistencia, por ejemplo. Pero Brasil es un país que tiene mucha economía informal y muchos inmigrantes acaban por entrar en este sector. Hay empresarios que no logran regularizarse después de estos dos años y tienen mucha dificultad en hacerse permanentes.

Los acuerdos que tenemos en el Mercosur de libre residencia están bastante avanzados si los comparamos con la realidad, por ejemplo, de la Unión Europea. Sin embargo, las legislaciones de nuestros países no están en línea con este proceso. Argentina ha implementado una ley nueva de política migratoria, en que incorpora el espíritu de los tratados de la Unasur y del Mercosur, creando el programa Patria Grande, que facilita la vida de todos los inmigrantes de la región, incluso defendiendo los derechos políticos de los inmigrantes. En Brasil, la legislación es de 1980. Nuestro Estatuto del Extranjero se creó en la peor parte de la historia del país, la dictadura militar. Considera al extranjero una amenaza para la seguridad nacional y es muy discriminatorio. Delega toda la responsabilidad del trato con el migrante a la Policía Federal. Hay veces en que el migrante va a la Policía Federal para pedir una información y regresa con un sello rojo en su pasaporte. Si nuestra legislación creara un órgano civil de atención al migrante, podría tener más información sobre las maneras de regularizarse.

Por otro lado, Brasil es el único país que no reconoce el derecho al voto a los inmigrantes. Es necesario enmendar el artículo 13 de la Constitución Federal. También hace falta internalizar el tema de la migración. Tenemos hoy casi 2 millones de inmigrantes en el país, si consideramos los irregulares y los regulares. Pero no tenemos, en el ámbito de los municipios y de los estados, políticas públicas de acogida e integración social de los migrantes. Son tratados como una cuestión jurídica y no como sujetos de derecho en nuestra sociedad, sujetos sociales. Hace falta una política migratoria que dialogue con las esferas municipales y estatales para garantizar la integración y la seguridad del migrante.

¿Cómo son los flujos migratorios dentro del bloque?

Brasil y Argentina son los principales países receptores, pero actualmente Brasil es el principal. Hoy tenemos más de 35.000 migrantes paraguayos en Brasil y, por otro lado, cerca de 200.000 brasileños en Paraguay. También hay más de un millón de migrantes suramericanos en Argentina. Hay un flujo muy fuerte de migración intrarregional, de migración sur-sur, una suerte nueva de migración.

Tenemos básicamente tres grupos de migrantes. Los técnicos forman parte de una migración más planeada, porque los mandan sus trabajos en empresas transnacionales. Tenemos un gran flujo de señoras de servicio doméstico también, que es de las principales nuevas formas de migración hacia Brasil. Ya empezamos a ver una sustitución de las señoras que migraban del nordeste brasileño hacia otras partes del país para una mano de obra que viene de Perú, Paraguay y otros países de la región. El tercer grupo es formado por los estudiantes, hay un fuerte intercambio entre los países del Mercosur.

¿Qué temas llevarán ustedes a la Cumbre Social y cuáles son las expectativas?

La Cumbre Social es una instancia en donde los movimientos y organizaciones sociales tienen la posibilidad de ser oídos por los gobiernos de la región. Es también uno de los pocos espacios abiertos para la participación del migrante, que lo reconoce como un sujeto importante para la integración social de la región. Esperamos que la Cumbre Social sea reconocida también en la esfera institucional de la región y que se pueda crear una articulación, una especie de consejo permanente del gobierno y de la sociedad civil, para garantizar que las próximas cumbres se realicen en conjunto con las de los presidentes.

¿Cuál es la importancia de la institucionalización del Estatuto de la Ciudadanía para la integración social del Mercosur?

Es la pieza que falta, casada con un Parlamento activo. Hoy no tenemos ni el voto directo para elegir a nuestros representantes en el Mercosur. Tenemos que internalizar el Mercosur, que las personas sepan qué es y cuál es su importancia. Hoy es más una realidad de los Estados y de las ciudades de frontera. A partir del momento en que votemos por nuestros parlamentarios, el Parlamento va a adquirir importancia. Las personas pasarán a conocerlo y a valorarlo. Y el Estatuto de la Ciudadanía justamente se propone trabajar para que se implemente el voto directo para los parlamentarios del Mercosur en todos los países del bloque, además de defender el derecho de que los nacionales de un Estado parte que residan en otro puedan votar. Nosotros tenemos el marco y tenemos que defender la implementación y la institucionalización del Estatuto de la Ciudadanía. Sería una gran victoria de la Cumbre Social en Brasília.

Por Paula Daibert.

 

 





27 de noviembre de 2012

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